Dichas comunas alegan no contar con suficientes recursos para llevar a cabo los controles, que según lo establece la ley, también se deben efectuar sobre el uso de casco en los motociclistas, el uso del cinturones de seguridad y de las luces diurnas.
Además, dichos controles estarían violentando el principio de autonomía municipal.
Esto fue rechazado por el gerente de la Unasev, Gerardo Barrios.
El jerarca afirmó que ninguna comuna le elevó tal planteo a su organismo, pero que si así fuera, se debe tener en cuenta que esta es una ley nacional.
Barrios llamó a los detractores, a tener en cuenta que el seguro obligatorio constituye en realidad una suerte de “seguro social”.
Más allá de la resistencia de algunas comunas a los controles, éstos quedarán establecidos a través de ciertos trámites que el usuario realice.
“De cualquier manera, el seguro obligatorio empezó a fiscalizarse a través de los trámites que se hacen en las distintas intendencias, donde una exigencia va a ser el seguro obligatorio para todos aquellos trámites que tienen que ver con el tránsito”.
En cuanto a números, y a pesar de no contar con datos de aseguradoras privadas - que sostienen que aún es pronto para realizar una evaluación -, el impacto del SOA fue calificado como altamente positivo.
Barrios afirmó que desde el pasado 19 de agosto - fecha de su instauración - solamente el Banco de Seguros del Estado (BSE) registró un importante caudal de nuevas pólizas.
Según el jerarca, a nivel de la aseguradora estatal se habla de 150.000 nuevas pólizas.
Además, tanto a nivel público como privado, se destacó el hecho que muchos usuarios se han decidido, aprovechando el SOA, a contratar una póliza de más valor.
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